Cataluña, visto lo visto

Visto lo visto, el Gobierno necesita y está obligado a trazarse con urgencia una política catalana, que no podría ser la de abandonarlo todo. El gobierno anterior ha incurrido en el gravísimo error de desentenderse de los asuntos de Cataluña limitándose, como mucho, a lamentar algunos abusos de la Generalidad. Lo hacía así, en parte por la inclinación natural hacia la línea de menor esfuerzo, por evitarse nuevos quebraderos de cabeza, teniendo ya tantos, por rehuir un conflicto grave, refugiándose en lo de “allá los catalanes”. Por muchas y muy enormes y escandalosas que hayan sido las pruebas de insolidaridad y despego, de hostilidad y chantajismo que la política catalana ha dado frene al Gobierno, no son razón para inhibirse, sino para lo contrario. Con Autonomía y todo, siempre hay materia de gobierno allí que incumbe al poder del Gobierno como es por ejemplo lo económico lo social y la educación. El Gobierno debe restablecer en Cataluña su autoridad, en todo lo que le compete, manteniéndose estrictamente dentro de la ley, para que nadie se queje con nosotros de extralimitaciones ni invasiones y, dentro de la ley, adelantar con firmeza sin perder día ni hora.  En Cataluña el Gobierno debe respetar la Constitución, el Estatuto, las leyes generales del estado que según la Constitución y el Estatuto son aplicables en Cataluña; las leyes dictadas por el parlamento catalán en uso de su potestad; los decretos de traspasos de servicios y las disposiciones y decretos de la Generalidad en cuanto no violen ni contradigan las disposiciones legales enumeradas, que es lo vigente en Cataluña. Manteniéndose dentro de este cuadro, la actividad del Gobierno en Cataluña sería irreprochable e inatacable y muy bien recibida por la opinión pública catalana, que está harta de abusos, de locuras y de traiciones, y no se manifiesta porque la aterrorizan. Todo el sistema (en el que se basa la Autonomía) ha sido destruido. No puede admitirse que la autonomía se convierta en un despotismo personal, ejercido por su presidente y por grupos irresponsables que se sirven de él. Al derrumbarse el sistema, el Estado no debe acudir a enterrarlo sino a resucitarlo. Ninguno de los funcionarios que durante estos años ha tenido nominalmente a su cargo funciones que según la ley corresponden al estado, puede seguir en su puesto, porque no tienen autoridad, ni espíritu, ni muchas veces ganas de servir fielmente al Gobierno.